El Ayuntamiento de Valdemoro inicia los trámites para cancelar el contrato con Cofely

El Alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos, acompañado de los tenientes de alcalde Santiago Fernández y Cinthia Mateos ha confirmado hoy en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para anular el contrato de ‘Suministro, servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones que aportan energía a los centros municipales y al alumbrado público' que presta la empresa Cofely, tal y como se acordó en el Pleno del 13 de abril con el respaldo de todos los grupos salvo Ciudadanos, que se abstuvo.
Fecha: 17 de Abril de 2018

Este contrato, que se está investigando en la causa contra la corrupción que instruye la Audiencia Nacional en la denominada operación Púnica, fue adjudicado por el Gobierno local del PP a Cofely por 60,8 millones de euros y una vigencia de 15 años, el 5 de diciembre de 2013, cuando era alcalde José Carlos Boza.

Garantizado el suministro eléctrico
El ejecutivo también ha confirmado en esta comparecencia que en ningún momento se va a poner en riesgo el suministro eléctrico puesto que, por ser un servicio esencial, la empresa deberá seguir prestándolo hasta que pueda ser sustituida de forma directa por el propio Ayuntamiento o por otro contratista, de acuerdo a lo que la Ley establece para estos casos.

En este sentido, la concejala de Urbanismo, Obras, Servicios y Vivienda, Cinthia Mateos, ha aclarado que "la energía eléctrica garantizaría a través de un contrato marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que resulta mucho más económica". 

Una decisión en defensa del interés general avalada por el juez Velasco
El regidor afirmó que esta decisión "se toma en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos de Valdemoro. No hemos rescindido el contrato de mutuo acuerdo como pretendía la empresa, sino que atendiendo al interés general, hemos iniciado la revisión de oficio". Un procedimiento que, aseguró, siempre ha estado avalado por el juez Eloy Velasco, entonces al frente del Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional que instruye la causa 85/2014. Y es que el magistrado remitió al Pleno del Ayuntamiento un escrito, aunque nunca se informó de ello a la Corporación, en el que señalaba que se estaba investigando el contrato en cuestión y que el Consistorio podía iniciar la revisión de oficio del mismo, una fórmula prevista en la ley por ser este documento mercantil consecuencia de un supuesto ilícito penal. En este mismo sentido, los dos anteriores Gobiernos no iniciaron los trámites de cancelación. Según Faraldos, "en el caso del presidido por el popular David Conde porque era complicado tomar esa decisión al estar las operaciones bajo secreto de sumario". Respecto al Gobierno de Ciudadanos, con Guillermo Gross al frente, cuestionó su decisión de "acordar con la empresa un convenio regulador de las condiciones de pago, tal y como figura en el Decreto de Alcaldía del 9 de septiembre de 2015, aunque el documento no lo conoce nadie ni hay por ninguna parte informes técnicos que lo soporten". Y continuó: "así se ha propiciado que se haya seguido manteniendo un contrato que hace más de dos años debería haberse resuelto, porque está bajo sospecha de ilícito penal, con presunto pago de comisiones. Y como no se ha hecho nada en este tiempo, la empresa ha seguido facturando y hoy la deuda es de 1,8 millones de euros, más de la mitad sin reconocer. El daño que se le ha hecho a la Hacienda local es irreparable".

Una cuestión de voluntad política
El primer edil afirmó así mismo que su Gobierno ha puesto en marcha lo mismo que ya habían hecho hace tiempo otros municipios como Collado Villalba o Serranillos del Valle, que es resolver el contrato que tenían con la empresa vinculada a la Púnica. Una decisión para la que, dijo, "solo era necesaria la voluntad política".

Iluminación y mantenimiento: cobertura con el personal municipal subrogado
Según ha confirmado la concejala de Urbanismo, Obras y Servicios y Vivienda, la cobertura de los servicios que actualmente presta la empresa adjudicataria se realizaría por dos vías; en el caso de la iluminación y el mantenimiento, con el propio personal municipal subrogado a Cofely, mientras que para la climatización habría que contratar a una empresa externa puesto que es algo que nunca ha hecho la plantilla del Ayuntamiento. 

El procedimiento de resolución
El procedimiento de revisión de oficio respaldado por 17 de los 25 integrantes de la Corporación (dos no asistieron a la sesión) continuará con la notificación del mismo tanto a la empresa como al Juzgado Central Nº 6 de la Audiencia Nacional para que presenten alegaciones que, una vez contestadas por los Servicios Técnicos municipales, volverán a requerir de un informe jurídico de la Secretaría General para ser remitidos ambos a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para que emita el correspondiente dictamen.