Para el alcalde, Serafín Faraldos, "la situación económica estaba en el origen de la moción de censura porque el Ayuntamiento tenía una deuda monstruosa y había que tomar medidas y asumir las consecuencias". De explicar con detalle las actuaciones que se han llevado a cabo durante el último año y medio para avanzar hacia la sostenibilidad económica del Ayuntamiento se ha encargado Javier Carrillo, concejal de Economía, Hacienda y Transición Ecológica quien comenzó su intervención afirmando que cuando asumieron "el Gobierno en julio de 2017, el Consistorio estaba al borde de la calificación de alto riesgo y a punto de ser intervenido por el Ministerio de Hacienda". Y continuó asegurando que en el primer ejercicio gestionado íntegramente por el tripartito "se ha dado completamente la vuelta a las cuentas, hasta el punto de que se han conseguido unos números que mejoran las previsiones iniciales".
Los datos que reflejan la evolución de la situación económica
Así Carrillo desgranó una serie de datos que reflejan la evolución de la situación económica de la Administración local valdemoreña al cierre del ejercicio 2018: una reducción de la deuda de un 22,9%, o lo que es lo mismo, 27,4 millones de euros menos (de los 119,8 millones de 2017 a los 92,4 de 2018), y una disminución considerable del periodo medio de pago. Este se sitúa ahora en 206,9 días, frente a los 331,4 del año pasado, aunque en el caso de los proveedores habituales -salvo FCC- el plazo es de 60 días, el establecido por ley.
Facturas impagadas que asfixiaban al comercio y pymes locales
El responsable de la delegación de Economía y Hacienda valoró esta última circunstancia no solo desde la perspectiva municipal sino desde el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios valdemoreños. En este sentido, dijo haber "atacado a fondo la deuda comercial, abonando deudas paralizadas durante mucho tiempo. Una medida que -continuó- "ha sido decisva para mejorar la situación de los comercios locales porque las facturas impagadas por parte del Ayuntamiento les estaban asfixiando". Y concluyó asegurando que "por primera vez se cierra un ejercicio cumpliendo la ley de estabilidad financiera y no solo la regla de gasto".
Más ingresos con menos presión fiscal
La justificación de la evolución positiva de las cuentas municipales se basa, según el Gobierno, en el incremento de los ingresos, algo que se ha conseguido pese a reducir la presión fiscal con la bajada del gravamen del recibo de la contribución en el 77% de los hogares. Como contrapartida, se han modificado los precios públicos para ajustarlos más a la realidad y se ha refinanciado la deuda "de una forma positiva para el Ayuntamiento", en palabras de Javier Carrillo.
El control de gastos ha dado como resultado un descenso de los mismos superior al previsto ya que se estimaba que serían 60 millones y se han quedado casi seis millones por debajo de esa cifra. (+INFO).
Continuar en la senda de responsabilidad
A pesar de esta enumeración optimista, Javier Carrillo dejó claro que se trata de una "recuperación que aún está en ciernes, por lo que es esencial mantenerse en esta senda de responsabilidad y contención".
El alcalde, Serafín Faraldos, incidió en esta cuestión: "estabilizar económicamente el Ayuntamiento es la prioridad más importante porque sin eso no hay futuro. Hay que rebajar la deuda aunque no la hayamos generado y si lo hemos conseguido han valido la pena todas las decisiones que hemos tomado". Hacía referencia, según él mismo explicó, al hecho de tener que aceptar que "pagar lo que se debe supone asumir que hay necesidades, como por ejemplo el asfaltado y otros servicios, que no se van a poder cubrir, pero hay que erradicar la deuda para luego poder invertir".
En la rueda de prensa, como es habitual, estuvieron también presentes Santiago Fernández, portavoz del Gobierno, y Cinthia Mateos, concejala de Urbanismo, Obras y Servicios y Vivienda, que dieron cuenta de los asuntos que se tratarán en el Pleno ordinario del 28 de febrero: la aprobación definitiva del reglamento del Consejo de Participación Juvenil y la adaptación a la normativa del registro, acceso y tratamiento de datos personales.
