mié, 12 abr 2017 11:41:00
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El principal problema del Ayuntamiento es la deuda global a la que tiene que hacer frente, la cual asciende a 130 millones de euros tras haberse reducido en 8 millones de euros en el último ejercicio, y que se distribuye en deuda financiera (82 millones) y no-financiera (48 millones).

La primera proviene de los dos anteriores planes de pago a proveedores que puso en marcha el Ministerio de Hacienda a los que el Ayuntamiento se acogió en los años 2012 y 2013, que suponen tener que desembolsar 13 millones de euros cada ejercicio durante los siete próximos años, tras haber agotado a mediados del 2016 los años de carencia iniciales.

Los 48 millones de deuda no-financiera corresponden a los pagos pendientes a proveedores como los que tiene con empresas que gestionan servicios municipales, de suministro energético o con otras administraciones como las cuotas pendientes de la Tasa de Bomberos con la Comunidad de Madrid o los ocho años completos que adeuda al Consorcio Regional de Transportes.

A pesar de las medidas de reducción de gasto aplicadas, las arcas municipales no pueden atender íntegramente el pago de la deuda financiera, que tiene prioridad sobre cualquier otro pago, más los gastos corrientes del ejercicio, con lo que si bien la deuda global se ha reducido, ha aumentado la deuda comercial y el periodo medio de pago a proveedores, lo que incide directamente en la prestación de los servicios municipales y su calidad, aumentando el riesgo de reclamaciones de intereses comerciales así como suspensiones y resoluciones de contratos por parte de los proveedores.

Con objeto de dar solución a este problema, que amenaza el futuro del Consistorio, el Gobierno local sometió dos propuestas a la aprobación del Pleno los pasados 6 y 7 de abril que finalmente no contaron con el apoyo de la oposición para ponerlas en marcha.

A la sesión extraordinaria y urgente del jueves 6 de abril el Gobierno llevó la solicitud de carencia de tres años en la amortización de la deuda financiera, haciendo frente únicamente a los intereses anuales durante este periodo, al mismo tipo de interés que el Estado paga por financiarse (1,31%).

Ya a finales de junio de 2016,  tras la liquidación del Presupuesto de 2015, se elaboró un Plan Económico Financiero así como un Plan de Ajuste, el cual fue aprobado en la sesión plenaria del 30 de julio con los votos a favor de Ciudadanos, GaV y la abstención del PSOE. Posteriormente, el 8 de agosto el Pleno acordó solicitar al Ministerio de Hacienda la refinanciación del vencimiento del ejercicio 2017, por importe de 13 millones de euros, con el objetivo de destinar ese dinero a reducir la deuda comercial, que es siete veces más cara de financiar.

El 15 de marzo el Ministerio aprobó finalmente la solicitud del Ayuntamiento, si bien comunica posteriormente que en lugar del mecanismo de refinanciación debería solicitar una nueva carencia de 3 años, medida que el Ministerio habilita el 29 de marzo dando de plazo hasta el 7 de abril.

Ante esta situación el Gobierno municipal presenta al Pleno la medida sugerida por el Ministerio de Hacienda para aliviar la presión financiera, una propuesta que ha sido presentada también en otros municipios (como es el caso de Parla o Aranjuez) y que fue rechazada.

El Gobierno local, tras la confirmación por el ICO de la concesión de los 13 millones solicitados en agosto, pudo reactivar la vía de la refinanciación. Por este motivo volvió a ser convocado de urgencia el Pleno para tramitar esta medida, que tampoco salió adelante.

No haber conseguido ninguna de las dos vías de financiación previstas por el Gobierno, dará prioridad absoluta al pago de la deuda contraída con los bancos en perjuicio de la deuda con proveedores, lo que incide directamente en la calidad de los servicios públicos municipales. Además se imposibilita la aprobación de unos nuevos presupuestos y las actuaciones de inversión contempladas en el Plan PRISMA como la adecuación de las instalaciones deportivas, asfaltado de calles, obras de accesibilidad, equipamientos, etc.

El Gobierno ha anunciado medidas urgentes como la suspensión temporal de los procedimientos abiertos de contratación de servicios que no se consideren esenciales, como la licitación de la revista municipal, el alumbrado de fiestas y navidad o la cabalgata de reyes del 2018.

El Alcalde, Guillermo Gross, ha reiterado que  "seguiremos intentándolo todo hasta el último momento para resolver el futuro económico de Valdemoro" y ha hecho una nueva llamada a la "responsabilidad de toda la Oposición, ya que si bien es responsabilidad del Gobierno proponer soluciones, la decisión la tiene finalmente el Pleno de la Corporación y no pueden bloquear todas las iniciativas que presenta el Gobierno sin aportar ninguna otra alternativa".