mar, 17 abr 2018 12:50:00
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El Alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos, acompañado de los tenientes de alcalde, Santiago Fernández y Cinthia Mateos, ha confirmado en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para anular el contrato de ‘Suministro, servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones que aportan energía a los centros municipales y al alumbrado público' que presta la empresa Cofely.

Este contrato, que se está investigando en la causa contra la corrupción que instruye la Audiencia Nacional en la denominada causa Púnica, fue adjudicado por el gobierno local del PP a Cofely por 60,8 millones de euros y una vigencia de 15 años, el 5 de diciembre de 2013, cuando era alcalde José Carlos Boza.

El ejecutivo también ha confirmado en esta comparecencia que en ningún momento se va a poner en riesgo el suministro puesto que, por interés público, la empresa deberá seguir prestando los servicios hasta que pueda ser sustituida de forma directa por el propio Ayuntamiento o por otro contratista, de acuerdo a lo que la Ley establece para estos casos.

El alcalde ha informado sobre los pasos que se han dado hasta ahora y que esta decisión se toma en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos de Valdemoro. "Hemos decidido no rescindir el contrato de mutuo acuerdo, como pretendía la empresa, sino atender al interés general e iniciar el procedimiento de la revisión de oficio". Así, ha recordado que ya en noviembre de 2014 el Juez Eloy Velasco, que entonces era el magistrado al frente del Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional que lleva la causa 85/2014, remitió al Pleno del Ayuntamiento un escrito, aunque nunca se informó de ello a la Corporación, en el que señalaba que se estaba investigando el contrato en cuestión y que el Consistorio podía iniciar un procedimiento de revisión de oficio del mismo, al permitir la ley la revisión del contrato como consecuencia de un supuesto ilícito penal.

En este sentido resaltó que el Ayuntamiento no inició este procedimiento durante los anteriores gobiernos. En el caso del presidido por el popular David Conde "porque era complicado tomar esa decisión al estar las operaciones bajo secreto de sumario".

Serafín Faraldos también ha cuestionado la decisión del gobierno de Ciudadanos, con Guillermo Gross al frente, porque eligió alcanzar con la empresa un convenio regulador de las condiciones de pago, tal y como figura en el Decreto del Alcaldía del 9 de septiembre de 2015 en vez de resolver el contrato".

Señaló también que " en vez de suspender el contrato, que podían hacerlo como nosotros lo estamos haciendo, lo único que nos dicen es que ellos llegaron a un acuerdo de pago, a un calendario de pagos con Cofely que no conoce nadie y cuyos documentos no están por ninguna parte. Por eso hay que preguntarles que en base a qué informes técnicos llegaron a ese acuerdo de pagos con la empresa, dónde están los documentos que lo soportan, qué técnicos les acompañaron en dichas conversaciones y por qué esos documentos no aparecen por ningún lado aunque los hemos buscado por todo el Ayuntamiento".

" La realidad es que no ha habido ningún informe técnico y que la inacción del anterior Gobierno ha propiciado que la empresa haya seguido manteniendo un contrato que hace más de dos años debería haberse resuelto, porque es un contrato bajo sospecha de ilícito penal, con presunto pago de comisiones. Y como no se ha hecho nada en este tiempo, la empresa ha seguido facturando y hoy la deuda es de 1,8 millones de euros, más de la mitad sin reconocer. Es muy grave porque hemos seguido generando facturas que hay que pagar con el dinero de todos y sin duda alguna el daño que se le ha hecho a la Hacienda local es irrecuperable".

Así, afirmó que "Ciudadanos debe explicar por qué esa falta de voluntad política para resolver este contrato con Cofely tal y como hicieron otros muchos municipios. Me surgen todas las dudas y pone de relieve la ineficacia, la pasividad y la intención política de no resolver este contrato tan perjudicial para Valdemoro y sus vecinos".

Por su parte Cinthia Mateos indicó que "la decisión la hemos tomado en base a la posibilidad de que el contrato de Cofely se haya adjudicado como consecuencia de ilícitos penales, tal y como se detalla en la causa por corrupción que se sigue en la Audiencia Nacional, porque hay indicios más que fundados de presunto pago de comisiones".

En este sentido el ejecutivo ha anunciado una nueva etapa en la prestación del suministro eléctrico y el alumbrado público, que se realizará acogiéndose al convenio marco de la FEMP para el suministro eléctrico, la contratación de la climatización con una empresa externa y el mantenimiento de edificios y alumbrado público recuperando el personal municipal que se traspasó en su día a Cofely.

En esta comparecencia, el Primer edil lamentó que "las actuaciones realizadas por el anterior gobierno de Ciudadanos en los últimos dos años no han estado encaminadas a luchar contra la corrupción, una clara contradicción con lo que dicen, puesto que en Valdemoro, tanto en este contrato como en otros, la investigación de la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto claros indicios de corrupción en forma de comisiones ilegales".