mar, 27 abr 2021 11:35:00
Ante la noticia que hoy difunde el diario ABC, en el que se me acusa de una presunta corrupción, he de manifestar lo siguiente: 1) La prestación de los servicios esenciales se está realizando de la misma manera que se hizo durante los últimos meses de gobierno del Sr. Faraldos y está avalado por la misma decisión del Pleno que garantizó su prestación entonces: la declaración de servicios esenciales del 25 de abril de 2019.


Por eso no voy a permitir que mi nombre, ni el de mi Gobierno, se relacione de manera torticera a operaciones de  corrupción, como es el caso de la Púnica en el Ayuntamiento de Valdemoro, ni voy a admitir acusaciones de presuntos delitos que no figuran en sentencia judicial alguna.
 
2)      Este último jueves, 22 de abril, se me notificaron las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Valdemoro contra mi persona a partir de una denuncia del anterior alcalde, Serafín Faraldos, por hacer frente a las facturas que la empresa FCC pasa al cobro al Ayuntamiento sin que exista contrato (una vez que venció el anterior el 29 de enero de 2019 y el Pleno de este Ayuntamiento decidió, el 27 de septiembre de 2018, no prorrogarlo).
 
3)      Estos hechos provienen de una deuda que inicia el propio Sr. Faraldos y su Gobierno (integrado por PSOE, IU y Ganemos) que fueron incapaces de sacar adelante un procedimiento de contratación que sustituyera al anterior contrato con FCC para la recogida de basuras, limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, mobiliario urbano y otros servicios esenciales que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de prestar a sus vecinos.
 
4)      Un día antes de que finalizara el contrato de FCC el Sr. Faraldos dictó un decreto solicitando que continúen los servicios, cuya legalidad fue cuestionada por sendos informes de los Servicios Jurídicos de Urbanismo y por la propia Intervención municipal.
 
5)      En la sesión del 28 de marzo de 2019 el Gobierno del Sr. Faraldos  llevó al Pleno la solicitud para la continuidad de la prestación de los servicios originarios del contrato extinguido por parte de FCC, que no prosperó. Pese a ello el Sr. Faraldos optó por dar la continuidad a la empresa.
 
6)      La declaración de servicios esenciales no fué aprobada por el Pleno hasta el 25 de abril de 2019.
 
7)      Desde que se extinguió el contrato a finales de enero, hasta que abandonó la Alcaldía el Sr. Faraldos, el Ayuntamiento siguió limpiando calles, recogiendo la basura, manteniendo el Centro de Protección Animal, los parques y jardines y todos aquellos servicios que son esenciales y que prestó FCC sin contrato. Las facturas se tramitaron y se abonaron mediante un procedimiento extrajudicial, que es lo que habitualmente hacen las administraciones públicas para aprobar las facturas que carecen de procedimiento de contratación.
 
8)      Y eso mismo es lo que este Gobierno ha hecho durante este tiempo, continuar prestando los servicios esenciales y pagando las facturas que generan. Pero con una diferencia esencial: ya hemos adjudicado los contratos de mantenimiento del mobiliario urbano, de las áreas caninas y de los parques infantiles, hemos sacado a concurso el de recogida de basuras, que está en fase de adjudicación y tenemos listo para licitar el de mantenimiento de las vías urbanas y lo antes posible se iniciarán también los de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines.
 
9)      Esa es la diferencia entre quienes aportamos soluciones y los que que generan los problemas. Todo esto tiene su origen en la incapacidad como gobernante del Sr. Faraldos, que consiguió colapsar la administración municipal y dejó a este Ayuntamiento sin la garantía de un contrato que asegurara los servicios esenciales.
 
10)  Estoy convencido de que la denuncia del portavoz del PSOE solo puede estar motivada por un afán de venganza personal, toda vez que no acepta haber sido democráticamente apartado de la Alcaldía tras las últimas elecciones municipales. 
 
A esta frustración se suman las denuncias que contra él interpuse en los juzgados por la desaparición de toda la documentación del Gabinete de Alcaldía durante su mandato y por la contratación, presuntamente irregular, de una empresa de detectives para investigar a trabajadores municipales y que, en el caso de esta última, figura como investigado en las diligencias previas que sigue el Juzgado.