Historia del Archivo

El Archivo Municipal nace con y para la administración del municipio, resultado natural de la gestión del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, contiene, en general, los testimonios sobre la Historia de la localidad desde el punto de vista concejil

Durante el reinado de los Reyes Católicos (1480) se dictaron disposiciones conducentes a la obligación que tenían los concejos de construir ayuntamiento, cárcel y archivo y pocos años después, en los albores del siglo XVI, mediante dos pragmáticas reales promulgadas en 1500 y 1501 los legisladores determinaron con exactitud tanto el sistema para el establecimiento de depósitos documentales, como las instrucciones básicas para su gestión. En definitiva, custodia, valoración de los tipos de documentos que han de guardarse en el arca de los privilegios o archivo e instrumentos de descripción adquirieron prioridad y se transmitieron a los cabildos con el propósito de preservar su patrimonio durante el Antiguo Régimen.

En los libros del concejo valdemoreño son continuas las menciones respecto a la conservación documental ya a principios del siglo XVII, en respuesta a la exigencia de organizar y resguardar los documentos municipales y a la vez atender a los requisitos decretados por los monarcas, aunque es posible la existencia de acuerdos anteriores para cumplimentar los mandatos regios. De 1613 datan los primeros testimonios referidos a este tema, donde hablan de recoger los papeles en el nuevo archivo, por lo que se puede presuponer uno más antiguo. Posteriormente, en julio del mismo año, decidieron salvaguardar en este lugar, reforzado con puertas de hierro para mayor seguridad, aquellos documentos más trascendentes, es decir, privilegios regios obtenidos por la Villa: el otorgamiento de feria franca (31 de enero de 1603), las exenciones del tribunal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (12 de octubre de 1610) y de obligación de carros de guía (22 de septiembre de 1612). En la segunda mitad del mismo siglo (1652) cambiaba el archivo de emplazamiento, con la propuesta de la casas del Pósito como lugar idóneo en el que custodiar el arca. Igualmente, disponían los encargados de guardar las tres llaves bajo las cuales estaría la documentación, designando a la justicia, el regidor más antiguo y el presidente del concejo, responsables de defender las señas de identidad del propio consistorio. Poco después (1658) los regidores mostraban su preocupación ante la seguridad del recinto, quizá un tanto vulnerable, ya que manifestaban gran inquietud en cuanto a la custodia.
 
Debido a las lagunas documentales existentes en cuanto a los Libros de Acuerdos concejiles se refiere no es posible encontrar noticias sobre el estado de conservación de la documentación municipal hasta principios del siglo XIX, cuando los regidores se lamentaban de la desaparición de gran número de documentos tras la guerra de la independencia. A finales de la centuria (1891) el alcalde daba cuenta al regimiento de las disposiciones comunicadas por el Gobernador Civil de la Provincia en cuanto al arreglo de los locales de archivo y el depósito de los documentos en él. Tan sólo un año después el presidente de la corporación volvía a mostrar su impaciencia respecto a la necesidad del arreglo del archivo, imprescindible para la buena marcha administrativa, a tenor de las quejas manifestadas por el Secretario del Ayuntamiento:
 
"el secretario dice que declina su responsabilidad en la tramitación de los asuntos que dependan de los documentos del archivo porque en el estado en que se haya no puede hacerlo; los señores concejales acuerdan unánimemente que en seguida se proceda al arreglo del archivo municipal, cuya necesidad hace tiempo que se viene sintiendo"
 
Quizá esa preocupación trascendiera a la comunidad archivística, pues antes de terminar la década el Ayuntamiento recibía una solicitud de D. Luis de la Calle Menéndez, archivero, ofreciendo sus servicios por si la corporación estimaba conveniente la organización del archivo municipal. La instancia fue derivada a la Comisión de Hacien-da y Gobernación, encargada de dictar un informe al respecto. Desconocemos cómo fue resuelta la cuestión y si el escrito de Sr. De la Calle fue tenido en cuenta, pues ni del informe ni de las presuntas tareas archivísticas ha quedado ningún registro documental.
 
Sin embargo, a pesar del interés continuo manifestado a lo largo del Antiguo Régimen, hasta 1993 no se ha seguido un plan sistemático de clasificación y catalogación del patrimonio documental municipal.